PO 547 - 10/7/97

¿"Un papel que da seguridad"?
por Christian Rath

 

El gobierno Duhalde está multiplicando la entrega de supuestos títulos de propiedad a ocupantes de lotes y viviendas en función de la llamada Ley de regularización dominial (24374), o simplemente Ley Pierri.

¿Qué es lo que aporta esta ley? El ocupante ‘ilegal’ de un terreno que no es reclamado por sus dueños durante un número determinado de años, puede convertirse en propietario de derecho ("prescripción") a condición de emprender (y pagar) el juicio respectivo, lo cual no está al alcance de cualquier trabajador. La Ley Pierri ofrece una solución. El poseedor ‘ilegal’ es llamado a inscribirse en algunos de los 204 centros de regularización dominial (o Casas de Tierras), con algún papel o testigos que certifiquen la tenencia del lote o la vivienda desde antes de enero de 1989. A través de este trámite y del pago del uno por ciento de la valuación fiscal del inmueble, el trabajador inicia el trámite de "prescripción", que lo puede convertir en poseedor legal al cabo de 10 años, que es el período de la prescripción breve estipulada en el Código Civil. Es decir, mediante un trámite al alcance de todos y por una cifra que puede ser relativamente accesible, el Estado le resuelve al trabajador el seguimiento y los costos del juicio para convertirse en titular del inmueble que habita. Esta ‘solución’ de la Ley Pierri, es, sin embargo, un fruto envenenado.

 

Escritura trucha y confiscación

Ocurre que el ocupante recibe un papel que la ley llama "escritura con la relación de lo actuado", que no tiene ningún valor en términos de propiedad en tanto no pasen diez años y no haya ‘oposición’ por parte del propietario del lote ocupado, pero que de ningún modo es gratuito.

El trabajador ‘regularizado’ en su lote, pasa a pagar impuestos y tasas que hoy no paga. En palabras del secretario de Tierras y Urbanismo de la provincia, el trámite "les facilita el acceso a un crédito y les permite formar una cooperativa barrial para pedir servicios básicos como gas y luz" (Clarín, 13/4). La finalidad de la ley es expoliar a los ocupantes que hoy no pagan impuestos porque carecen de títulos de propiedad y porque los lotes en los que viven carecían de valor al momento de asentar allí a sus familias. La Ley Pierri ha creado una nueva ‘figura’ jurídica, para que el ocupante de un lote pague impuestos a partir de la inscripción de un ‘papel’ que no le asegura nada y sin que medie la escrituración que otorga el derecho de propiedad.

 

Negocio inmobiliario

El registro ordenado por la Ley Pierri sólo sirve para que comience a correr el plazo legal de prescripción, "quedando a salvo todas las acciones que correspondan a los titulares del dominio, incluida la expropiación inversa". Esto significa que la ley (que ha sido presentada como la "propiedad para los pobres") puede ser utilizada para despojar al trabajador de su única vivienda, localizada en esos terrenos. Si el ‘dueño legal’ de los terrenos se presentara reclamándolos, los ocupantes deben irse o aceptar la compra del terreno que habitan, proceso contemplado por la ley. Los ocupantes podrían así pagar dos veces por su vivienda, ya que el precio contemplaría el valor agregado que introdujeron los pobladores con el mejoramiento del suelo, la construcción de viviendas, etc. El dueño de las tierras hace, así, un negocio pingüe sobre lotes que no valían nada cuando fueron ocupados.

 

¿Qué pasa con los inmuebles del Estado?

El artículo 7º de la ley dejaba una puerta abierta para dar títulos de propiedad efectivos a los ocupantes si los inmuebles eran propiedad del Estado ("cuando los inmuebles fuesen de dominio privado del Estado nacional, provincial o municipal, se procederá a la inmediata escrituración por intermedio de las escribanías habilitadas"). Pero este artículo, el único que podía significar una concesión real y efectiva en materia de propiedad, fue vetado por el Poder Ejecutivo, con el argumento de que significaba una "desigualdad de trato" entre los inmuebles del Estado y los particulares. El veto parcial (inconstitucional, para más datos) no suscitó reacción alguna en los impulsores de la ley.

Finalmente, según la ley, las provincias determinan la "autoridad de aplicación", lo que entrega a las municipalidades y su corte de punteros la facultad de determinar el otorgamiento de las ‘escrituras’.

 

Programa

La Ley Pierri no entrega la propiedad, abre un proceso de confiscación al ocupante y otorga un inmenso poder de manipulación a las camarillas duhaldistas encargadas del ‘reparto’ de tierras. Existe, sin embargo, una enorme confusión sobre los alcances de la ley, que es presentada como la herramienta que viene a resolver el tema del lote o vivienda propia en las barriadas más humildes del Gran Buenos Aires y del interior de la provincia. La sola inscripción en las Casas de Tierras de cada distrito plantea un principio de organización de todos los ocupantes ‘ilegales’, cuyo reclamo central debería ser la expropiación de los inmuebles ocupados y la escrituración inmediata. Aun una ley de "expropiación por causa de utilidad pública", prevista en la Constitución provincial, plantearía una indemnización casi nula, considerando el valor de los inmuebles al momento de su ocupación.

Planteamos, además, la eximición total de impuestos y tasas, hasta tanto no haya escrituración; un plan especial para jubilados y desocupados, y la construcción de una infraestructura a cargo del Estado y bajo control de los vecinos.


Las manzaneras de Duhalde
y la lucha por
organizar a los desocupados
por José Luis Herrera

Los distritos de Merlo y Moreno (junto a Florencio Varela) son los más pobres del conurbano bonaerense. Los altos índices de desocupación y pobreza han transformado la fisonomía de nuestros distritos, ayer considerados ‘ciudades dormitorios’. Hoy son ciudades de desocupados.

Esta realidad explica la gigantesca actividad montada por el aparato duhaldista en torno a las manzaneras y la proliferación de Unidades Básicas en todas las barriadas. Cada una de estas organizaciones agrupa entre 250 y 500 afiliados (para recibir la caja de comida hay que estar afiliado al PJ). La cantidad de familias que reciben las cajas de alimentos puede trepar a las 80.000, lo que significa que la mitad de la población está desocupada o tiene trabajos precarios.

 

El duhaldismo dividido

Aunque las elecciones internas del pasado 29 de junio pusieron en evidencia la cantidad de fracciones políticas en las que se encuentra dividido el duhaldismo, las intendencias arrasaron con sus ‘opositores’, dejando bien claro que quien tiene en sus manos el aparato es el que ‘gana’. Durante las últimas semanas, la inauguración de obras fue acompañada por grandes actos en los barrios, que en muchos casos fueron repudiados por la población (en Los Aromos, Libertad, el acto de inauguración de una escuela fue apedreado por un grupo de vecinos).

El asistencialismo se redobló, la caja de comida por el voto en la interna y la afiliación inflaron una realidad que no es la que se vive en las calles de nuestras barriadas. La gigantesca movilización de autos, remises y colectivos para garantizar la elección interna sólo indica que el duhaldismo no tiene el apoyo incondicional de los explotados.

 

La organización de los desocupados

Las expresiones de descontento se suman a las limitaciones que muestra el trabajo ‘social’ de las manzaneras, las cuales no se pueden organizar fuera del PJ, reparten una caja de comida que no cubre las necesidades elementales y sólo se entrega a familias con hijos menores de 6 años, a ancianos y desocupados afiliados al partido; en el caso de las familias numerosas se entrega un kilo de azúcar, yerba, fideos, arroz y leche por hijo al mes. Las manzaneras son ellas mismas desocupadas y reciben las mismas cajas de comidas que el resto de los vecinos.

La organización de las manzaneras se ha ramificado en la mayoría de las barriadas obreras del Gran Buenos Aires. Su acción ha permitido contener, por ahora y sólo por ahora, la reacción popular contra el hambre, que se profundiza, pese al reparto de cajas de comida. El seguro al desocupado de 500 pesos, la lucha por el trabajo de la mano de la lucha salarial, en cambio, es la organización consciente de los explotados contra el hambre.

El rol del partido en este proceso es fundamental; los locales deben jugar el rol de organizadores, armando política y programáticamente esta importante lucha y en la perspectiva de fundar una gran organización de desocupados contra el hambre y por trabajo, y seguro al desocupado de 500 pesos a partir de los 16 años.

Volver a la página principal de Prensa Obrera