PO 685 - 26/10/2000

Asalto a blindados
LA DESCOMPOSICION DEL APARATO REPRESIVO
Rafael Santos

En pocos días se produjeron dos sangrientos asaltos a camiones blindados de transporte de caudales: el de Aguas Argentinas en Palermo, y y otro en La Boca. En el primer caso, por las armas de guerra los chalecos antibalas, los equipos de comunicación y de interferencia (para escuchar móviles policiales) empleados y la cantidad de horas que los ladrones pasaron en el lugar del hecho, se trató de un operativo sofisticado. "No estamos ante una banda común. El grupo contaba con 15.000 ó 20.000 pesos para invertir en armas e inteligencia", declaró una calificada fuente de la investigación (La Nación, 5/10).

Según el informe policial, un ladrón abatido habría matado a un trabajador que tenía de rehén y luego se habría suicidado. Informe extraño. Porque el suicida tiene dos tiros: uno en la sien y otro en la espalda. Los trabajadores de Obras Sanitarias dudan que haya sido el ladrón el que mató al compañero. La esposa del obrero asesinado afirma (hay testimonios periodísticos que lo ratifican) que el cadáver fue corrido de lugar para colocarlo cerca del ladrón muerto. ¿Se eliminaron testigos? ¿Otro caso de fusilamiento policial?

En el asalto de La Boca, el arsenal utilizado proviene directamente de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de una ametralladora antiaérea Browning, 17,7 mm, montada sobre una camioneta, capaz de perforar el blindaje de los camiones, y otras armas de guerra.

De la Rúa-Ruckauf

Después del asalto de Palermo, De la Rúa salió rápidamente a apoyar el accionar policial. Aprovechó la circunstancia para avalar la firma de un "acuerdo operativo" con el gobierno de Ruckauf, con quién afirmó tiene una gran coincidencia en cuanto a la "gravedad" del problema de la seguridad (Página/12, 4/10). Ruckauf, por su parte, acaba de sacar un decreto ofreciendo "premios" en dinero a policías que le metan bala a la delincuencia: una incentivación directa al ‘gatillo fácil’.

Pero, como surge de lo arriba descripto, esto no ha sido obra de ladronzuelos, sino que es producto de la descontrolada descomposición de los aparatos represivos.

La interna Federal

El jefe de la Policía Federal, comisario Santos, reconoció una interna policial "en la institución que dirige y responsabilizó a un "minúsculo grupo de funcionarios" a los que dijo tener identificados" (La Nación, 5/10).

Galvarino, responsable de las 53 comisarías de la Capital, fue obligado a ‘renunciar’ cuando salió a luz que había diseñado personalmente la desaparición de las pruebas sobre la complicidad policial en el escape de los asesinos paraguayos del Departamento Central de Policía. Se trata del mismo Galvarino que fue acusado de la represión en Congreso contra los camioneros concentrados contra la reforma laboral.

"La interna contra el titular de la Federal, Rubén Santos, parece estar al rojo vivo", decía Página/12 (26/9), días antes de la masacre de Aguas Argentinas.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Interior aseguraron que cuentan con un informe de inteligencia que indica que ex miembros de la policía bonaerense "habrían entregado información, armas y equipos a las bandas de asaltantes que cometieron varios de los robos más importantes en los últimos 20 meses". "Además, tenemos indicios de que habrían colaborado en el frustrado asalto en Aguas Argentinas" (La Nación, 6/10).

Se trataría de moverle el piso al actual jefe de la Federal, asociado al ministro del Interior, Storani, promoviendo figuras ligadas al arco de Santaibañes (Side) y Mathov (Secretaría de Seguridad).

La Bonaerense

El ministro de Seguridad bonaerense, Verón, salió directamente a ligar el asalto de La Boca (que tras una persecución terminó con detenciones en Moreno) con el de Palermo. Esto fue rechazado por el comisario mayor Martínez, de la Federal.

Verón viene realizando una campaña de características ‘fachas’ en favor de que los uniformados tengan ‘mano dura’. Página/12 (24/9) señala que este ministro ruckaufista realizó un acto en San Nicolás en apoyo al comisario Ferrari (acusado de haber premiado al policía que ocultó pruebas de la masacre de Ramallo) con participación de intendentes de la zona y la ciudadanía movilizada por los "foros de la seguridad".

La Nación (12/10) informa de diversas versiones sobre apoyo logístico en estos asaltos de ex policías bonaerenses.

Pero ahora se ha inmiscuido en forma directa al Ejército. Según La Nación (11/10) los clavos miguelito usados para frenar a los blindados "son de uso militar". Al igual que el fusil FAL secuestrado que "fue robado al Ejército" y la ametralladora antiaérea.

La mano desocupada de las agencias privadas

Varios de los oficiales expulsados de la bonaerense durante las purgas encaradas por Duhalde se ubicaron en empresas de seguridad privada. "El 40% de los exonerados todavía no consiguió trabajo", dice La Nación. Esto significa que es ‘independiente’ y que el 60% que sí lo consiguió está ubicado en las agencias privadas.

Estas agencias responden a diversos grupos empresarios y políticos. Son alimentadas por las ‘depuraciones’ y ‘ajustes de cuenta’ que realizan las diversas camarillas que se hacen cargo del Estado.

El ex concejal radical Ruiz Laprida, por ejemplo, ha formado su agencia, asociado con Smith Brandon, dirigida por ex directivos del FBI. "Tiene llegada directa con los jefes de la Policía, la Prefectura, Gendarmería" y una excelente relación con Coti Nosiglia y el secretario de Seguridad, el radical Mathov, lo que "le permite acceder al amplio mundo de los brokers en política" (Tiempos del Mundo, 5/10). Este semanario plantea que según la Comisión de Seguridad de Diputados "oficialmente existen más de 2.000 ex agentes de seguridad fuera de control" que estarían trabajando "para agencias de seguridad privadas de todo tipo y color". Y "lo peor es que hay guerras de inteligencia entre líneas internas de diferentes organismos de seguridad dentro del propio Estado" (idem).

El aparato represivo está dividido. No podía ser de otra forma. La aguda y creciente crisis política se refracta en todas las instituciones. La política privatizadora también ha llegado a la policía y demás fuerzas represivas. Cada fracción tiende a tener sus ‘operadores’ policiales.

Cada fracción alienta las peores tendencias represivas, transformando a la policía en el peor factor de inseguridad pública.

Por ello se plantea, al igual que para los otros poderes del Estado, la disolución de las fuerzas represivas, la cárcel para los asesinos y ladrones contra el pueblo y la necesidad de luchar por la convocatoria de una Asamblea Constituyente que reorganice el país social y políticamente a favor de la clase obrera y los explotados.

ayacucho@po.org.ar

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