Plaza Once, estación terminal

| 1 marzo, 2012 | Comentarios (0)

La sintonía fina y la cuerda floja

La masacre ferroviaria ha operado como una especie de estallido de las contradicciones insalvables del régimen político actual. Luego del famoso 54% de votos en octubre, el gobierno enfrenta una crisis de conjunto. El miércoles pasado ocurrió algo de mayor alcance que la demostración de que el régimen de emergencia económica, puesto en marcha en 2002/2003, tropezó con su estación terminal. Quedó expuesta la definitiva imposibilidad de gobernar por parte de la camarilla que entrelaza al núcleo K con las privatizadas (las que fueron pasando a manos de los ‘capitalistas amigos’) y la burocracia sindical (convertida en operadora empresarial). CFK no pudo abrir la boca después de la tragedia, porque -aún hoy- es incapaz de trazar una salida al derrumbe del transporte sin comprometer, en forma definitiva, las alianzas que forman su base última de gobierno.

Luis D’Elía dijo que el régimen K necesita una ‘perestroika’ -en referencia a la restructuración del sistema que intentó desarrollar el entonces jefe de gobierno de la desaparecida Unión Soviética, Mikhail Gorbachov. D’Elía no recordó que el detonante de ese giro fue el estallido de la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania, el cual dejó en claro que la burocracia soviética había llegado a su estación terminal. El ex piquetero K olvidó, también, que la ‘perestroika’ falló de un modo miserable en rescatar al régimen burocrático.

 

Incluso una semana después de la tragedia de Once, CFK no tuvo más remedio que patear la pelota afuera con una falsa exigencia a la Justicia para que aclare responsabilidades en quince días -una maniobra que duró solamente 24 horas-, porque al otro día intervino el Sarmiento (increíblemente por los mismos quince días). El juez Bonadío aclaró que esa demanda era imposible de cumplir. Un fiasco fenomenal en medio de un océano de llantos. La trama que mató a 51 trabajadores y dejó heridos a varios centenares más es la misma que se manifestó en octubre de 2010, cuando fue asesinado nuestro compañero Mariano Ferreyra. En aquella ocasión, el gobierno y sus intelectuales (y hasta algunos izquierdistas) culparon a la víctima -sea Mariano o nuestro partido-, algo que se repite ahora y fue denunciado con vigor por la madre del joven Lucas.

 

Cuando la Presidenta, en Rosario, se lamentó por el estado de los ferrocarriles, por la crisis energética y hasta por el pago de los bonos de deuda de 2012 -”por eso no hay plata”-, simplemente se declaró víctima de su propia política. Es una contradicción sin salida, que demuestra el agotamiento de sus recursos y métodos de gobierno.

 

Camarilla oficial

 

El entrelazamiento entre los privatizadores y la camarilla oficial no podría ser mayor. Un entramado de negocios y contratos unió, por un lado, a los capitalistas concesionarios o contratistas y, por el otro, a un gabinete de lobbystas. Lo demuestran los vínculos de Jaime con Cirigliano, de Boudou con Ciccone, de Débora Giorgi con las armadurías electrónicas fueguinas y de De Vido con la mayoría de la Unión Industrial. En esto ha consistido la mentada “reconstrucción de la burguesía nacional”.

 

El compromiso oficial con los Cirigliano y otros explica el silencio de la Presidenta después del desastre y, finalmente, los términos de su discurso en Rosario. Después de decenas de accidentes fatales y de los dictámenes de la Auditoría y de los entes reguladores sobre TBA, Cristina Kirchner se supeditó a los peritajes judiciales, que le demostrarán lo que ya sabe. El gobierno de la “primera trabajadora” (como se autodenominó en la cancha de River, en octubre de 2010) endilga la culpa al maquinista. En lugar de terminar con Cirigliano -algo que podría haber hecho de inmediato-, convoca a la ‘justicia’ para aminorar la responsabilidad de TBA. Es que una condena a Cirigliano es una condena al gabinete nacional y al conjunto de contratos y negocios, que llegan hasta Qatar. Pero si exonera al pulpo, se incinera políticamente y se expone a una bronca popular. Por eso la izquierda del FpV tiembla, no por otro motivo, ya que sigue ‘solidaria’ con ‘su’ gobierno. Metrogas y TGN ya pasaron por intervenciones hebdomadarias: “Los interventores ocupan un espacio físico en las oficinas de la compañía, piden información y tienen participación en algunas discusiones, pero casi nunca en las decisiones” (Cronista, 28/2).

 

Los que nos criticaron cuando caracterizamos que, luego de los comicios, se había abierto una etapa de crisis política, están recibiendo una soberana lección (de nuevo).

 

¿Qué hacemos ahora con el tarifazo y las paritarias?

 

El derrumbe del “régimen de emergencia” se había puesto de manifiesto con el “ajuste” anunciado en diciembre. El tarifazo se presenta, ahora, como una dádiva a los responsables de la masacre (o en el caso de los combustibles, a los ejecutores del vaciamiento energético). Para salir de este laberinto, vuelven a la carga quienes aconsejan ‘normalizar’ las cuentas con la banca internacional. Los banqueros del mundo ya han demostrado que solamente ‘socorren’ a los que entregan sus activos. Por eso no hay nadie más ‘nacional y popular’ que un Cirigliano: con los subsidios, compró empresas de colectivos que monopolizan el transporte, y hasta negocia con los ultra corruptos gobiernos del Golfo Pérsico o de Omán.

 

El oficialismo de izquierda se ilusiona con intervenciones o con una estatización de TBA o de YPF. Pero, ¿qué otra cosa sería una nacionalización K sino una extensión del régimen de subsidios y cometas llevado al extremo? El gobierno no se atreve a dar semejante paso. No por falta de plata, como se dice, sino esencialmente por vértigo: teme ingresar en un agujero negro. Otra cosa es una nacionalización ejecutada por los trabajadores, que insertaría la modernización ferroviaria y la industrialización en general en el marco de una restructuración social y política de conjunto. Un impulso a la inversión ferroviaria o petrolera exige echar mano de los fondos que hoy se lleva la deuda pública usuraria, de las rentas mineras o del manejo del comercio exterior (en manos de monopolios capitalistas), así como de las ganancias extraordinarias del capital.

 

El intervencionismo oficial, por sus métodos, sólo puede conducir a un mayor despilfarro. El choque entre el gobierno y Repsol dejó al desnudo la quiebra del oficialismo con el Cirigliano del rubro, el grupo Eskenazi. La burguesía oficialista se desintegra desde adentro. El K de Neuquén, el gobernador Sapag, acaba de proclamar su solidaridad con Repsol, en momentos en que los K movilizan a los gobernadores contra la petrolera. Sapag quiere una tajada mayor de la renta petrolera para los pulpos, bajo la forma de los programas Gas y Petróleo Plus -un invento del gobierno nacional que ahora retiró de la góndola.

 

Se estrelló la ‘sintonía fina’

 

El ‘ajuste’ en los ferrocarriles no vino de la mano hábil de un cirujano experto -la ‘sintonía fina’-, sino de una tragedia humana. No es la única contradicción entre el relato y la realidad: también disminuirán las frecuencias y se abarrotarán las líneas de colectivos, como ya lo admitió De Vido. La ‘sutileza’ de la que alardeó la Presidenta lleva de cabeza a un caos urbano y a inmensos sacrificios para los usuarios.

 

El desastre de Once transcurrió en medio del silencio de Moyano y de los ‘progres’ de la CTA Micheli. Ante un hecho crucial, volvieron a demostrar que no son una oposición o alternativa al gobierno kirchnerista.

 

La conmoción producida por la masacre de Once se da en el marco de numerosas manifestaciones de lucha, como los piquetes y puebladas contra los monopolios de la megaminería (otro de los pilares del ‘modelo oficial’). En los días que siguieron a la masacre, las asambleas docentes en todo el país repudiaron las ofertas salariales del gobierno y han colocado en crisis a la ‘paritaria testigo’. Es necesario preparar en forma sistemática -mediante el esclarecimiento, la lucha y la organización- una alternativa política de la clase obrera, o sea anticapitalista y socialista.

Marcelo Ramal

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Secciones: Editoriales, Políticas

Sobre Marcelo Ramal: Nació en 1954. Inició su militancia en la juventud de Política Obrera –antecesor del PO- a los 18 años, al ingresar a la Facultad de Ciencias Económicas, en 1973. Unos años después, integraba la comisión directiva del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, que funcionó en la clandestinidad bajo la dictadura militar. Cuando dejó la facultad, colaboró con la célula de familiares de detenidos y desaparecidos de PO. Fue redactor y difusor del boletín “Libertades Democráticas”; que se repartía entre todo el movimiento democrático de los años de la dictadura. A partir de 1983, trabajó en el desarrollo del Partido Obrero en todo el país. Entre el 2000 y 2003, cuando Altamira fue electo legislador porteño, fue secretario Parlamentario del bloque del PO. Desde ese lugar, trabajó en la redacción y difusión de diversos proyectos de ley de nuestra banca –entre ellos, la jornada de seis horas en el subte, de salario mínimo igual a la canasta familiar y de urbanización de villas de la Ciudad. Como asesor de la bancada, participó activamente de las luchas por la vivienda y la ocupación de fábricas en esos años. En febrero de 2003, defendiendo a los vecinos de Padelai, fue detenido en el curso del brutal desalojo pergueñado por los gobiernos de Ibarra y Duhalde. En 2004, participó junto a todo el PO de Capital en la lucha de los familiares de Cromañón. En 2003 y 2007, fue candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad por el PO. En 2011, encabezó la lista de legisladores porteños por el Frente de Izquierda. Escribe regularmente en “Prensa Obrera”, y también columnas de opinión sobre la situación política, economía y las cuestiones de la Ciudad en “Pägina 12”, “BAE”, “Tiempo Argentino”, entre otros. Es economista y profesor ordinario de las Universidades nacionales de Buenos Aires y Quilmes, donde también desarrolla una actividad gremial.. Desde 2006, representa a los docentes de la UNQ en la CONADU Histórica, como Congresal de la minoría (lista Naranja). Ver perfil del autor.

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