Una lucha que sigue (Español / English version)

| 4 mayo, 2013 | Comentarios (0)

58105_10152752409445650_926129820_nLa lucha por Justicia para Mariano Ferreyra prosigue en distintos frentes y en diversos aspectos. En pocas semanas, comenzará el juicio oral al “perito” de la Unión Ferroviaria que intentó destruir la prueba del proyectil que mató a Mariano. También avanza la causa por el intento de coimas a los jueces de la Cámara de Casación, en la cual hay una nueva imputada. Por último, el famoso testigo protegido que aportó el gobierno está bajo investigación porque podría haber sido partícipe del crimen.

Un “perito” a juicio oral

Roberto Jorge Locles, un capitán retirado del Ejército, será sometido a juicio oral en junio por haber adulterado el proyectil extraído del cuerpo de Mariano Ferreyra. Locles era perito de parte del acusado Guillermo Uño, miembro de la patota que atacó a los trabajadores tercerizados aquel 20 de octubre. Locles ni siquiera es perito y ha actuado como provocador en varios casos de resonancia pública. Una resolución ya antigua de la Corte, de 1998, indica que Locles no es perito ni idóneo en la materia, por lo que fue excluido del listado de peritos en balística dado que no tiene título habilitante. El abogado Gustavo Igounet, defensor de Uño, vinculado con un estudio que supo defender a represores de la Fuerza Aérea, difícilmente desconociera esa condición de Locles, quien es, además, un personaje casi bufonesco. En otras palabras, corresponde preguntarse si la función de Locles, contratado por la Unión Ferroviaria, no era precisamente ésa: destruir una prueba. Locles tiene experiencia en ese sentido: unos cincuenta asesinos policiales de la Bonaerense, acusados por casos de gatillo fácil, lograron zafar gracias a los “peritajes” de este sujeto.

Ahora, Locles va a juicio porque, según el dictamen fiscal, “con la supuesta finalidad de explicar su teoría (que el proyectil habría rebotado antes de herir a la víctima), golpeó de manera reiterada el proyectil contra la mesa de trabajo existente en el gabinete”, lo que le provocó a la bala “leves aplastamientos en la parte de su ojiva y cuerpo, más específicamente donde se hallaban las deformaciones lineales y paralelas que presentaba el proyectil”.
Igounet, conviene recordar, no recibía honorarios de Uño sino de la Unión Ferroviaria y mantenía al tanto de sus gestiones y estrategias jurídicas al condenado  “Gallego” Fernández, uno de los instigadores del asesinato de Mariano.

El propósito evidente de Locles fue deformar el proyectil, lo cual tenía consecuencias directas, no sólo para establecer el supuesto rebote, sino que, además, esa deformación dificultaba la posibilidad de determinar la dirección del disparo, puesto que el lado golpeado era, precisamente, el que tenía las marcas lineales y paralelas que indican el sentido en el cual el tirador apuntó.

Locles pretendía con esa acción delictiva apuntalar la teoría disparatada que Igounet intentó introducir: que el disparo que mató a Mariano no sólo era producto de un rebote, sino que nuestro compañero había sido víctima de “fuego amigo”.

Los compañeros del Partido Obrero que resultaron heridos aquel 20 de octubre son ahora querellantes en la causa contra Locles, para quien se pedirá una condena de cuatro años de prisión efectiva -la máxima prevista para estos casos- y su inhabilitación también por el máximo previsto por el Código Penal.

La causa por el intento de coimas a Casación

Susana Planas, amiga de la infancia de la mujer de Pedraza; Graciela Coria, es una nueva imputada en el caso del intento de coima a la Cámara de Casación para lograr la excarcelación de Pedraza durante el juicio por el asesinato de Mariano. Planas era apoderada del Belgrano Cargas y de la “cooperativa” Trabajo del Mercosur.

En esa causa, como se sabe, ya estaban procesados Pedraza; el ex agente de la Side Juan Riquelme; Angel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria y directivo del Belgrano Cargas; el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid y Luis Escobar, empleado de la Cámara del Crimen.

Planas fue imputada por haber acompañado a Stafforini a entregar los 50 mil dólares de la coima en la oficina de Aráoz de Lamadrid, para que éste la entregara a su vez, según eran sus intenciones, a los jueces de Casación.

El juez Guillermo Rongo, a cargo del expediente, no se ha apartado de lo decidido por el juez Alberto Baños cuando procesó a los primeros imputados, en el sentido de que a los camaristas a quienes estaba destinado el soborno no se les puede atribuir el conocimiento de las intenciones de los acusados.

No obstante, de las escuchas obrantes en la causa se desprende claramente que Riquelme tuvo reiterados contactos con el camarista Eduardo Rafael Riggi y, además, que habló del asunto con miembros de la Unión Ferroviaria.

Recientemente, Gerardo “601” Martínez, el capo de la Uocra y dirigente de la CGT-Balcarce, fue citado a declarar en condición de testigo, porque las escuchas permitieron establecer que Riquelme se comprometió a hablar con él para conseguirle una vivienda al hijo de Riggi.
Hasta el momento se ha querido preservar a los camaristas involucrados en la cuestión. De todos ellos, las principales sospechas recaen sobre el citado Riggi, quien aún es vicepresidente de la Sala III de la Cámara de Casación Penal, puesto que Riquelme, desde su casa, habló con Pedraza para informarle que se había reunido con él.

Una resolución que pasó inadvertida

Una de las resoluciones del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 21 que dictó sentencia por el homicidio de Mariano Ferreyra y las tentativas de homicidio contra Elsa Rodríguez y otros compañeros, ordena que se investigue al testigo Alejandro Benítez.

El tal Benítez es nada menos que el famoso testigo protegido que llegó a la causa de la mano del intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez, en una operación seguida personalmente por Néstor Kirchner. Luego, como se sabe, la Presidenta le atribuiría al gobierno todo el mérito de la investigación, precisamente por haber aportado ese testigo.
Benítez fue captado por las imágenes de C5N cuando llegaba con la patota que integraba para atacar a los trabajadores tercerizados aquel 20 de octubre de 2010. Se lo ve en primera fila, corriendo mientras fuma, con una mochila a sus espaldas, vestido con un buzo a rayas celestes y blancas.

Ex boxeador, Benítez trabajaba en un gimnasio de la Unión Ferroviaria que funcionaba en la estación Constitución. El hombre disfrutaba de un régimen especial de trabajo gracias a las gestiones que hizo en su favor Antonio Luna, ex subsecretario de Transporte.

El testimonio de Benítez fue uno más de los que determinaron la culpabilidad de los imputados. Es más, su declaración fue coincidente con la de otros “arrepentidos” de la patota. El indicó que Cristian Favale fue uno de los tiradores y señaló el papel que cumplió Pablo Díaz en el lugar del crimen. Ahora, el TOC 21 ordenó investigarlo por ser presunto partícipe del asesinato, puesto que un testigo lo vio mientras daba órdenes junto al condenado Jorge Daniel González. Benítez, según ese testigo, llevaba un objeto que parecía un arma.
Así las cosas, el testigo aportado por el gobierno bien podría ser uno de los criminales. No obstante, no se nos escapa que este punto pretenderá ser usado por las defensas, las que habían pedido la nulidad de la declaración de Benítez y la anulación de su testimonio.

Claudia Ferrero

 

A struggle that continues

The struggle for justice for Mariano Ferreyra continues on many fronts and in various different forms. In a few weeks, the trial of the Railway Union “expert” who tried to destroy the evidence of the projectile that killed Mariano will begin. The case of the attempted payment of bribes to Court of Cassation (Superior Court) judges, in which an additional person has been charged, is also moving forward. Finally, the much touted protected witness provided by the government is under investigation for possibly having participated in the crime.

An “expert” on trial

Roberto Jorge Locles a retired Army captain, will be brought to trial in June for having altered the bullet extracted from the body of Mariano Ferreyra. Locles was expert witness for the defense of William Uño, a member of the gang that attacked the outsourced workers on October 20. Locles not even an expert and has acted as a provocateur in several widely publicized cases. A long-standing resolution of the Court, dating back to 1998, indicates that Locles was not expert or qualified in this area. As a result he was excluded from the list of experts in forensic ballistics, in which he possesses no evidence of specialized training. The lawyer Gustavo Igounet, defense counsel for Uño, and linked to a firm that used to defend repressors of the Air Force, could hardly have been unaware of this in relation to Locles, who is quite a buffoon. In other words, one should wonder whether Locles’ role, when he was hired by the Railway Union, was not precisely that: to destroy evidence. Locles has experience in this regard: some fifty murderers belonging to the Buenos Aires Province police force, accused in cases of trigger-happy caused deaths, managed to be cleared of charges due to the “expertise” of this individual.

Now Locles is going to be put on trial because, according to the prosecutor’s brief “with the alleged purpose of explaining his theory (that the bullet had bounced before wounding the victim), he repeatedly struck the projectile against the surface of the work table in the lab”, which caused the bullet to be “slightly crushed in parts of the nose and body, more specifically where linear and parallel deformations were  to be found on the projectile.”

Igounet, we should be reminded, received no fees from Uño, but rather from the Railway Union, and kept them abreast of his efforts and legal strategies in relation to the now convicted “Gallego” Fernández, one of the instigators of the murder of Mariano.

Locles’ obvious purpose was to deform the projectile, which had the direct consequences of not only establishing the alleged rebound, but also allowing that deformation to make it difficult to determine the direction of the shot, because the side that was pounded was precisely the one bearing linear and parallel marks indicating the direction in which the said weapon was aimed by the shooter.

Locles’ intention in carrying out this criminal act was to underpin the ridiculous theory that Igounet tried to introduce: that the shot that killed Mariano was not only the product of a rebound, but that our comrade had also been the victim of “friendly fire”.

The comrades of the Partido Obrero (Workers Party) who were wounded that October 20 are now plaintiffs in the case against Locles, for whom a sentence of four years imprisonment, the maximum expected effective sentence for these cases, will be sought, as well as his disqualification for the maximum period provided by the Penal Code.

The case of attempted bribery of the Court of Cassation (Superior Court)

Susana Planas, childhood friend of Pedraza’s wife, Graciela Coria, has just been charged in the case of attempted bribery of the Court of Cassation with the aim of achieving Pedraza’s release during the trial for the murder of Mariano. Planas was legal representative for Belgrano Cargo (Belgrano Cargas) and the “cooperative” Mercosur Labor (Trabajo del Mercosur).

In that case, as we know, charges were brought against Pedraza; the former agent of the Side (Secretaría de Inteligencia – Intelligence Secretariat), Juan Riquelme; Angel Stafforini, accountant for the Railway Union and on the board of Belgrano Cargo; former federal judge Octavio Araoz de Lamadrid, and Luis Escobar, an employee of the Criminal Chamber.

Planas was charged for having accompanied Stafforini to deliver the $ 50,000 in cash to Araoz de Lamadrid’s office, with the intention of his then making delivery of the bribes to Court of Cassation judges.

Judge William Rongo, in charge of the case, has not departed from Judge Alberto Baños’ decision, made when charges were brought against those first accused in the case, in the sense that knowledge of the intentions of the accused cannot be attributed to the judges who were to be bribed.

However, transcripts of recordings, placed as evidence in the case, make it clear that Riquelme had repeated contacts with judge Eduardo Rafael Riggi and also spoke of the matter with members of the Railway Union.

Recently, Gerardo “601″ Martínez, Uocra (Construction workers union) capo and leader of the CGT-Balcarce (Balcarce General Federation of Labor Unions), was called to testify as a witness, because the transcripts established that Riquelme promised to talk to him in order to obtain housing for Riggi’s son.

So far there has been a desire to protect the judges involved in this issue. Of these, the main suspicion falls upon said Riggi, who is still Vice President of Division III of the Court of Cassation, since Riquelme, from home, spoke to Pedraza to inform him that he had met with the judge.

 

A resolution which passed unnoticed

One of the resolutions in the decision of the Oral Criminal Court 21, which ruled in the case of the murder of Mariano Ferreyra and attempted murder of Elsa Rodriguez and other comrades, ordered that the witness Alejandro Benitez be investigated.

This Benitez is none other than the famous protected witness who was brought into the case via the Mayor of Quilmes, Francisco “Barba” Gutierrez, in an operation carried out under the personal supervision of [former Argentine President] Néstor Kirchner. Afterwards, as we know, the President would attribute all the merit of the investigation to the government, precisely because it had contributed that witness.

Benitez was caught on camera in images taken by channel C5N when he arrived with the gang he was part of to attack the outsourced workers that October 20, 2010. He can be seen in the front row, running while smoking a cigarette, wearing a backpack, and dressed in a blue and white striped sweatshirt.

A former boxer, Benitez worked in a Railway Union gym located at the Constitution train station. The man benefited from a special work routine thanks to the efforts made in his favor by Antonio Luna, former deputy secretary of Transportation.

Benitez’s testimony was one of several others that determined the guilt of the accused. Moreover, his statement coincided with that of other “repentant” members of the gang. He pointed out Cristian Favale as one of the shooters as well as the role played by Pablo Diaz at the scene of the crime. Now, OCD 21 has ordered that he be investigated as an alleged accomplice in the murder since a witness saw him as he was giving order together with the convicted Jorge Daniel Gonzalez. Benitez, according to this witness, was carrying an object that looked like a gun.

As things stand, the witness provided by the government may well be one of the criminals. However, we are well aware that the defense attorneys, who had requested the annulment of Benítez’ declaration and the cancellation of his testimony, will try to make use of this point.

Claudia Ferraro

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Secciones: Mariano Ferreyra un crimen contra la clase obrera

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